Tucumán se consolida entre las provincias con mayor presión fiscal mientras el sector privado reclama el fin de Ingresos Brutos

Tucumán quedó ratificada como una de las jurisdicciones más hostiles para la actividad económica en términos impositivos, situándose dentro del Top 5 de provincias con mayor presión fiscal de Argentina, según los resultados de la "Encuesta Anual de Impuestos" realizada por la consultora KPMG. El informe, que consultó a más de 80 especialistas de grandes y medianas empresas, destaca que el Impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB) sigue siendo el principal obstáculo para la competitividad, afectando severamente los costos de producción y la formación de precios. En este escenario, la provincia no solo destaca por su carga tributaria, sino también por ser señalada, junto a Misiones, "como una de las administraciones que más restringen la oferta de bienes y servicios debido a su agresivo accionar fiscal".

A pesar del diagnóstico del sector privado, tanto el Poder Ejecutivo provincial como el municipal han manifestado su negativa a reducir o suprimir estos gravámenes, argumentando la necesidad de sostener el financiamiento estatal.

El gobernador Osvaldo Jaldo condicionó cualquier modificación a la viabilidad de los servicios públicos básicos. "Hasta qué punto pueden resignar recursos las provincias en general y en particular, Tucumán, y que no se nos resientan los servicios; esto es lo que estamos discutiendo con el Gobierno Nacional", señaló el mandatario. Jaldo enfatizó la autonomía de la gestión local al afirmar: "Entre Nación y Provincia nos tenemos que poner de acuerdo, porque la salud, la educación y la seguridad en Tucumán no las paga ni las brinda el Gobierno de la Nación, las brinda el Gobierno de la Provincia".

En la misma línea, la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, descartó cualquier recorte en las tasas municipales bajo su órbita: “No voy a ceder ni un peso para recortar servicios al vecino. Ceder en estas tasas significa no poder cumplir con el alumbrado correcto, no instalar la semaforización adecuada ni mejorar los semáforos con tecnología inteligente”.

Radiografía de un impuesto "en cascada"

El relevamiento de KPMG arroja datos contundentes sobre la percepción empresarial respecto a la estructura tributaria argentina durante 2025 y las proyecciones para 2026:

• Impacto en Precios: El 60,81% de los encuestados identifica a Ingresos Brutos como el tributo que más encarece los productos y servicios, superando ampliamente al IVA (12,16%).

• Saldos a Favor: Un 83,78% de las firmas posee saldos a favor con las provincias debido a la proliferación de regímenes de retención, lo que representa un perjuicio financiero directo.

• Desinversión: El marco fiscal vigente obligó al 35,14% de las empresas a desinvertir, mientras que solo un 4% pudo ejecutar planes de expansión el año pasado.

• Ranking de Presión: Buenos Aires encabeza la lista de mayor presión fiscal, seguida por Misiones, CABA, Córdoba y Tucumán.

“Aun siendo Ingresos Brutos el tributo mayormente identificado como nocivo para la actividad económica en los últimos años las autoridades fiscales siguen fijando nuevos aumentos”, destacó KPMG.

Perspectivas para 2026

A pesar del malestar, el 81,16% de los empresarios planea mantener sus inversiones para el próximo año, aunque el optimismo es escaso en materia de reformas. Un 88,41% de los consultados no advierte interés por parte de los gobiernos provinciales en ofrecer incentivos fiscales o en avanzar hacia una nueva Ley de Coparticipación.

Fernando Quiroga Lafargue, socio de Impuestos Corporativos de KPMG en Argentina, subrayó la importancia de abordar este debate: “Es bastante improbable el éxito de una reforma fiscal profunda, que haga foco en la productividad y en el desarrollo, sin apuntar a una readecuación de este gravamen y a moderar fuertemente la superposición de regímenes de recaudación provinciales”.

Finalmente, el informe revela que las empresas encuentran una mejor recepción a sus planteos en el Ministerio de Economía de la Nación que en las administraciones provinciales, calificando con un aplazo a las agencias de recaudación (3,93) y manteniendo a la Corte Suprema como el organismo con mayor objetividad en materia fiscal (6,24).